Si la semana pasada fue Juan Roig, quien estuvo en el punto de mira del Gobierno, esta han sido los bancos tras conocerse los beneficios récord obtenidos por BBVA y Santander. La vicepresidenta Yolanda Díaz escribió en su cuenta de Twitter que mientras los bancos se forran, «el euríbor encarecerá la hipoteca media en 250 euros al mes» y volvió a la carga con su plan para topar el interés de las hipotecas. Sería la primera vez en la historia en un país con un régimen de libre mercado como España.

La consecuencia sería simple: los bancos dejarían de dar créditos hipotecarios y se paralizaría el mercado inmobiliario, con los miles de empleos que acarrea. El Gobierno tendría a continuación dos opciones: intervenir la banca o crear entidades públicas que presten a pérdida, como quieren Díaz y Belarra. No sé que es peor.

España va camino de convertirse en un país de riesgo, donde quienes ganen dinero sean perseguidos como prófugos. Lo sorprendente es que Reyes Maroto, que hasta ahora tenía fama de estar entre los ministros más liberales, aplaudió la iniciativa de su colega y aseguró que el Gobierno «analizará la propuesta para conseguir el mejor acuerdo».

Espero que Maroto sufriera un lapsus linguae, porque es triste que recurra al populismo para captar votos como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. Menos mal que Nadia Calviño puso un poco de cordura el viernes, al asegurar que «no es una medida que se pueda poner en marcha de manera permanente» .

Los bancos están obligados a trasladar a las hipotecas las subidas de tipos de interés, como la acordada esta semana por el BCE. Además, como explicó el presidente de BBVA, Carlos Torres, después de una década perdiendo dinero, sus ganancias aún no cubren los costes del capital. Condenarlos a alargar los años en dificultades estrangularía el crédito a pymes y autónomos, así como a las familias en tiempos de dificultades.

El giro populista-izquierdista es preocupante. La ofensiva de Díaz y Belarra se produjo, además, un día después de que la vicepresidenta segunda subiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por decreto-ley, sin consultar con los empresarios, como anunciamos aquí la semana pasada.

Los perjudicados serán los mismos de siempre, los millones de pequeñas empresas y autónomos que tienen entre uno y diez empleados. La cantinela de Sánchez de que apoyaría a las empresas medianas y pequeñas, salta así por los aires.

Nuestro país es el que más subió el salario mínimo en esta legislatura en relación con la renta per cápita de sus ciudadanos, el indicador utilizado para medir el esfuerzo realizado. Mientras que la renta de los españoles se mantuvo plana desde 2018, el SMI se incrementó un sorprendente 47%. Si nos retrotraemos a 2015, con la legislatura de Rajoy, el incremento sería del 65%.

El Banco de España ya advirtió cuando se subió el 22% en 2019, justo antes de la pandemia, que la medida costaría alrededor de 100.000 empleos. Tanto los sindicatos como Trabajo lo desmienten. Pero lo importante no es la cifra, sino quienes salen más perjudicados, lo que es menos discutible.

Entre los expertos existe coincidencia con el Banco de España en que los colectivos más afectados son los jóvenes, los que trabajan a tiempo parcial y los fijos discontinuos, ya que reduce el número de horas trabajadas.

Extraigo textualmente lo que dice el Banco de España: «Tras una subida del SMI, algunos puestos de trabajo pueden haber permanecido activos, pero con una reducción en las horas trabajadas, por ejemplo, mediante el paso de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial. Esto puede ser especialmente relevante en sectores como la hostelería o el comercio, en los que la productividad de las horas del trabajador varía mucho a lo largo de los días, e incluso dentro del día, dependiendo del propio ritmo de la actividad comercial. En estos casos, la empresa ha podido decidir mantener el puesto de trabajo, pero solo en las horas más productivas o reduciendo los horarios de apertura. El resultado sería una caída en las horas trabajadas, y no en el empleo«. Uno de los problemas de nuestra economía.

Aquí se ve la doble vara de medir de Sánchez y Díaz. Por un lado, se rasgan las vestiduras con los ricos para freírlos a impuestos en defensa de los más vulnerables, que resultan los perjudicados por sus medidas.

El Banco de España ahonda en la idea de que el alza del SMI apenas tiene impacto sobre el empleo indefinido y sí en el temporal y, sobre todo, en los jóvenes de entre 16 y 24 años, que buscan su primer trabajo.

Hay que recordar que nuestro país es el campeón de Europa en paro juvenil, con tasas próximas al 30% desde hace varias décadas. Un problema que se verá agravado con la nueva vuelta de tuerca al salario mínimo.

El Banco de España estima que «por cada punto porcentual de subida del SMI, se produce un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados de entre 0,3 puntos y 0,5 puntos». Ello provocaría, según la institución, que «los trabajadores con menor salario pierdan su empleo con mayor probabilidad de lo habitual y que la creación de trabajo se vea reducida».

La última subida es especialmente cruel para pymes y autónomos teniendo en cuenta que la productividad de sus empleados en la legislatura cae el 3,4%. Además, el SMI va acompañado de un alza de las bases mínimas de cotización, que fueron destopadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sin consultar con nadie, por decreto-ley.

De esta manera, el incremento de la remuneración pasaría de los 1.120 euros anuales por el SMI hasta 1.547 euros, incluidos 427 euros por cotizaciones. La voracidad recaudatoria de Hacienda es insaciable, al destope de las bases mínimas y máximas de cotización, se suma el alza en 0,6 puntos del mecanismo intergeneracional de las pensiones.

Los sindicatos y el Gobierno mienten cuando lo justifican por el incremento de los márgenes empresariales. No existen datos oficiales que respalden esa afirmación. Todo apunta a lo contrario. Las subidas de los precios de las materias primas y de los costes laborales reducen los beneficios.

Además, este año las perspectivas son muy pesimistas para el consumo y la inversión, los dos motores de la economía, que ya sufrieron sendas caídas del 1,7% y del 3% en diciembre. La campaña navideña no se tradujo en un incremento importante del empleo por primera vez en muchos años y el último ejercicio terminó con un raquítico descenso del desempleo de poco más de 40.000 personas.

El arranque de 2023 es aún peor, con una caída de la afiliación a la Seguridad Social en 215.000 personas, pese a los esfuerzos de Escrivá por tergiversar el dato. La entrada en vigor del método de cálculo de desestacionalización de Escrivá convirtió por arte de birlibirloque esta cifra negativa en un incremento de 58.000 afiliados en enero.

La reforma laboral provoca un efecto estadístico en el empleo, gracias a la manipulación de los fijos discontinuos, que el Ministerio de Trabajo se niega a facilitar. Los últimos datos del paro son reveladores. En enero, un año después de la reforma laboral, el número de contratos indefinidos sube el 15% frente al mismo mes del año pasado, pero solo representó el 44% del total de contratos firmados.

Del porcentaje restante, el 23% son temporales y el 33% ¡atención! fijos discontinuos. Si sumamos los indefinidos y los fijos discontinuos, como hace Trabajo, el 77% del empleo es estable. Pero como se ve es mentira, más de la mitad sigue siendo temporal y un tercio, el de los fijos discontinuos, se verá obligado a reducir seguramente sus horas de trabajo en la hostelería o en el comercio por culpa de la subida del salario mínimo.

Sin embargo, las estadísticas nunca reflejarán esa circunstancia, seguirán figurando como empleados fijos. Una burda manipulación que permite a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez seguir con su efecto Robin Hood, de quitar a los ricos para dar a los pobres, mientras a quien empobrece es a jóvenes, empleados temporales, pymes y autónomos, los colectivos más débiles de la sociedad.