El mantenimiento del sistema de pensiones se enfrenta a un reto durante las próximas décadas, con la jubilación del baby boom y la revalorización de las pensiones con el IPC. La salida los trabajadores del baby boom provocará un desajuste progresivo entre el número de cotizantes que sostienen y los pensionistas. En la actualidad, las prestaciones de los nuevos jubilados que provienen del régimen general (los asalariados) llegan a 22.722 euros anuales y ya son un 19% más elevadas que el salario más frecuente en España, que Estadística cuantifica en 18.480 euros al año. Una comparativa que revela el problema al que se enfrenta el sistema durante las próximas décadas: más pensionistas provocarán más gasto a asumir por menos trabajadores y salarios reales más bajos tras la reforma.

Esta cuantía es bruta, antes de pagar impuestos. En todo caso, el resultado es que los antiguos asalariados disfrutan del retiro con 300 euros más al mes (1.623, frente a 1.320 euros) que las nóminas de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, según este salario más frecuente. Sin desmerecer el derecho del que disfrutan los jubilados, estos dos datos reflejan un problema subyacente del sistema de pensiones en España: que los salarios crecen menos que las pensiones en los últimos años por la inflación y que cada vez la comparativa entre cotizantes y pensionistas se estrecha más.

El dato constata el existente desequilibrio entre las rentas de los trabajadores de mercado y las nuevas rentas de los empleados que pasan al retiro, en este caso del Régimen General. Este régimen suma más de 4,5 millones de pensionistas, el más numeroso junto al que agrupa a los trabajadores autónomos (más de 1,3 millones). 

Tendencia demográfica

Con el progresivo retiro de la generación del baby boom se agravará el tensionamiento financiero de las cuentas de la Seguridad Social: sin medidas adicionales, las nuevas altas contarán progresivamente con pensiones iniciales cada vez más altas, a la vez que dejarán de formar parte un gran número de actuales cotizantes. Aunque la reforma incorpora una medida de contención que penaliza la contributividad: más aportaciones, con el tope de la pensión máxima creciendo a un ritmo más limitado. 

La presión demográfica sobre la economía española ya comienza a notarse. Actualmente, unos 2,4 trabajadores cotizan por cada pensionista; en 2050 esa ratio de dependencia será sólo de 1,7 a uno. La fuerte caída se explica por la esperanza de vida española de 83 años -una de las más altas del mundo- y por el hecho de que el baby boom llegó más tarde que en otros países.  

La pirámide demográfica española avanzará implacable (véase el gráfico) hasta trasladar el grueso de la población hacia la tercera edad. Si actualmente el 20% de la población es mayor de 65 años, dentro de tres décadas esta cohorte supondrá algo más del 30%.

La reforma de pensiones dibuja un sistema en que el reparto del coste perjudica a los trabajadores, ya que el salario real -o la renta disponible- al que acceden quedará mermado por la subida de las cotizaciones. Es una percepción de las medidas a simple vista, que también recalca la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las subidas de cotizaciones se traducen en un menor salario real para el trabajador y, por consecuencia, más costes laborales para la empresa. 

Desincentivos laborales

«El problema ya no es solo de sostenibilidad, sino que se produce un incentivo perverso en el mercado laboral con la sustitución de trabajadores más mayores por más jóvenes», explica el economista, Javier Santacruz. «Los más mayores tendrán incentivos cada año a jubilarse antes (jubilaciones más altas, con subidas garantizadas cada año que compensarán el coste de la jubilación anticipada, aunque ésta se penalizará aún más), mientras que tenemos un problema grave con la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral«, sentencia, sobre el impacto del desajuste entre salarios, cotizantes y pensionistas. 

«El impacto de las medidas de cotizaciones aumentan el tipo efectivo sobre las rentas salariales un 2,7%, pero si uno atiende a niveles de salario bruto este tipo efectivo es muy diferente por niveles de salario», explica la AIReF. 

De la misma forma opinaba esta semana el Instituto de Auditores Español (IAE), que creen que el aumento de costes laborales en una economía como la española dificulta la entrada al mercado laboral para los jóvenes, un perfil de trabajador que ya de por sí se encuentra con barreras. A ello se suma una cotización extra, el Mecanismo de Equidad, que se aplicará durante gran parte de su carrera laboral y no generará derecho a pensión. E intereses, el coste financiero que tendrán que asumir para pagar la deuda pública.