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Hay que cubrir las lagunas del mercado

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El Canciller alemán Olaf Scholz dijo en octubre que la crisis energética de Europa sólo puede superarse mediante la «solidaridad». Pero últimamente esta solidaridad ha sido escasa.

Los países europeos han carecido de una respuesta unificada a la subida de los precios de la energía y a la inflación galopante, que se ha visto exacerbada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y a pesar del llamamiento del Canciller a la solidaridad, sigue estando muy lejos una estrategia común para hacer frente a la crisis energética.

En particular, la anterior decisión de Alemania de actuar en solitario con un fondo de 200.000 millones de euros para aliviar el precio del gas ha desatado la alarma en Bruselas y otras capitales europeas. Y la prolongada oposición de Berlín a la limitación de los precios del gas que apoyaban muchos países de la Unión Europea hizo que una cumbre de once horas celebrada a finales de octubre sólo diera como resultado una poco definida hoja de ruta, en lugar de un acuerdo decisivo sobre cómo reducir los precios de la energía que causan dolor económico en todo el bloque. Finalmente, tras largas discusiones, a finales del año pasado pudieron llegar a un acuerdo político sobre el tope de precios.

Tanto la crisis energética como la pandemia que la ha precedido han puesto de manifiesto la debilidad de una gestión fragmentaria, que ha obstaculizado el desarrollo del mercado único europeo, uno de los mayores logros del bloque. De hecho, han evidenciado cómo, incluso después de 30 años, el mercado único presenta importantes lagunas que deben colmarse si se quiere que la UE sea a prueba de crisis.

La UE sigue estando muy lejos de una estrategia común para afrontar la crisis energética

Desde la anexión rusa de Crimea en 2014, ha habido varios llamamientos a una mayor integración de los mercados eléctricos europeos, pero los obstáculos tanto prácticos como políticos han dejado a Europa con sistemas energéticos desiguales unidos por interconectores insuficientes. Mientras tanto, los gobiernos de muchos países miembros siguen cercanos a sus empresas energéticas estatales y consideran la política energética una cuestión de seguridad nacional.

Sin embargo, la invasión de Putin ha puesto ahora de manifiesto los peligros de tal fragmentación, y la UE necesita urgentemente tanto medidas a corto plazo para hacer frente a la emergencia energética -como un instrumento financiero similar al plan SURE que amortiguó el impacto socioeconómico de la pandemia- como una red europea de compradores de gas natural y una mayor integración del mercado energético europeo.

La UE nació, en parte, como una alianza energética. Sin embargo, apenas ha avanzado hacia una unión en esta área, que generaría muchos beneficios, desde una mayor independencia energética hasta precios más bajos. Por tanto, la plena armonización del sector energético debe ser una prioridad. Y sin un esfuerzo coordinado a nivel supranacional, los riesgos son evidentes.

El Partido Popular Europeo aboga por un mercado único integrado de la energía, ya que sin él se produce una distorsión de la competencia: los consumidores y las empresas de los países miembros más ricos están relativamente protegidos, mientras que los que quedan rezagados son vulnerables. Esto significa que podrían verse tentados a seguir el ejemplo de Hungría y firmar sus propios acuerdos con Gazprom, haciendo así completamente ineficaz la política de sanciones de la UE.

Los peligros de la crisis energética amenazan también con otros efectos secundarios, como el aumento de la pobreza energética en los hogares, la desindustrialización de sectores enteros y el aumento de la asimetría y fragmentación de los mercados en Europa.

Todo esto podría desencadenar tensiones geopolíticas, pero también desestabilizar la competitividad de Europa. Y la experiencia de otros sectores europeos críticos-especialmente las telecomunicaciones- ha demostrado claramente cómo la fragmentación del mercado puede dañar la competitividad económica y la resistencia.

En materia de telecomunicaciones, la UE ha hecho, con razón, del despliegue de tecnologías de nueva generación una prioridad clave, ya que alcanzar los objetivos de digitalización de Bruselas podría aumentar el PIB per cápita en más de un 7% en toda la UE. Sin embargo, a pesar de la voluntad política y la financiación pública -los países miembros han destinado por término medio el 26,4% de sus fondos de recuperación COVID-19 a acelerar la transición digital-, la UE sigue peligrosamente por detrás de regiones como Asia y Norteamérica, que avanzan más rápido.

El meollo de la cuestión es la importante inversión en infraestructuras necesaria para alcanzar los ambiciosos objetivos digitales de la UE para 2030, y también para hacer frente a una demanda exponencialmente ascendente en el tráfico de red. El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ya se vio obligado a pedir a las grandes empresas tecnológicas que redujeran la calidad de sus servicios audiovisuales para evitar el colapso de las redes europeas.

Por otra parte, a estas alturas está bastante claro que las empresas europeas de telecomunicaciones no pueden permitirse la inversión necesaria para cumplir los objetivos de transformación digital fijados por Bruselas, motivo por el que se han dedicado cuantiosos fondos públicos nacionales y de la UE para apoyar el despliegue de redes de alta capacidad en la mayoría de los países miembros.

Sin embargo, además de la intervención pública, también es necesario que cada agente del mercado en el ecosistema digital desempeñe su papel.

Teniendo esto en cuenta, la Comisión abrirá en breve un proceso de consulta pública que evaluará si todos los distintos agentes del mercado contribuyen a la infraestructura digital y de telecomunicaciones, y de qué manera, para hacer posible hacer frente a la creciente demanda de los usuarios. El objetivo de esta actuación política debe ser configurar un ecosistema en el que todos desempeñen un papel proporcionado y equitativo a la hora de superar el déficit de inversión en infraestructuras.

Además, un aspecto especialmente preocupante es que las empresas europeas de telecomunicaciones tienen más dificultades financieras que sus equivalentes extranjeros.

El núcleo del problema es la fragmentación del mercado de las telecomunicaciones en el continente. De hecho, mientras que en EE UU sólo hay unos pocos operadores que cubren todo el mercado de las telecomunicaciones, en la UE hay varias docenas. Por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil, siete de los nueve mayores mercados europeos tienen al menos cuatro competidores de red a nivel nacional.

Este nivel insostenible de fragmentación ha puesto a Europa en considerable desventaja y ha debilitado la capacidad de inversión de las empresas de la UE. Con 96,3 euros per cápita, el gasto de capital en telecomunicaciones de Europa es claramente inferior al que invierten los gigantes asiáticos (115,4 euros en Corea del Sur) y las empresas estadounidenses (191,9 euros).

Además, esta fragmentación ha dejado a los operadores de telecomunicaciones de la UE incapaces de competir con las empresas mundiales de tecnología digital y ha impedido su inversión debido a una competencia de precios muy fuerte. A este respecto, tanto la política de competencia -es decir, el control de las fusiones- como la regulación ex ante deben adaptarse a las nuevas circunstancias.

A medida que se desarrolla un escenario similar en el sector energético, la lentitud de los avances hacia un mercado energético plenamente integrado ha dejado a los países miembros en una situación de vulnerabilidad desigual.

Lograr los objetivos en digitalización podría aumentar el PIB per cápita en más de un 7%

Un escenario similar se desarrolla ahora en el sector energético: la lentitud de los avances hacia un mercado energético plenamente integrado ha dejado a los países miembros en una situación de vulnerabilidad desigual. Y si no aprovechamos la oportunidad de subsanar las deficiencias del mercado único, esta desigualdad solo aumentará el proceso de desindustrialización se acelerará y la UE se quedará atrás con respecto a otras grandes economías mundiales.

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