La última gran reforma de la legislatura centrada en las pensiones está chocando con los agentes sociales y los socios de Gobierno. Lo complejo de la reforma es que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá tiene medidas menos apetecibles que ofrecer: la revalorización, principal medida que beneficia a los jubilados, ya se firmó a finales de 2021. Y ahora tan solo quedan las medidas más lesivas para el empresario y el trabajador, mientras las que benefician a las carreras laborales más inestables quedan prácticamente neutrales. El aumento de los años observados para calcular la pensión tiene un amplio rechazo, mientras la subida de las cotizaciones a los salarios altos desmarca a la CEOE y, a su vez, es considerada insuficiente para paliar el déficit del sistema.

Así, la falta de apoyos condena a que la última parte sea prácticamente de mínimos y deje el gran escollo de la sostenibilidad aún pendiente de solución. En el diálogo social, tanto la patronal CEOE y Cepyme, como los sindicatos UGT y CCOO confirman que la negociación está paralizada y dejan entrever que las conversaciones están centradas en el terreno político, más que en la negociación previa del diálogo social. Desde el Ministerio, a su vez, aseguran que las principales medidas cuentan con consenso en el diálogo social y faltan los flecos secundarios.

El trato político se está centrando en el bloque tradicional de apoyo, principalmente Unidas Podemos, con el escollo de la ampliación de los años observados para calcular la pensión -es decir, la ampliación del periodo de cómputo- hasta 30 años, descartando los dos peores ejercicios. Una medida que rechaza todo el diálogo social y que, en línea, también rechaza la formación morada. Y un gran pacto con el PP queda totalmente descartado, al confirmar desde Génova que no hay contacto con el Gobierno.   

Esta pasada semana, CCOO admitió temer que el Ministerio recurra a la vía política para cerrar la reforma y, especialmente, explican que no van a acordar una reforma que no tenga el apoyo político, temiendo que una vez en manos de los grupos haya cambios sustanciales. La mesa está parada, como explicó ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi: «Estamos exactamente igual que antes de Navidad. No tengo conocimiento en este momento de ninguna propuesta». 

Sin ajustar las cuentas

Más años de carrera laboral observados implicarían, por regla general, una pensión pública más baja. En un documento que facilitó el Gobierno a los agentes sociales en diciembre, los técnicos de Escrivá calculaban que la mejora de la base reguladora al pasar a los 28 mejores años y al sumar la mejora de la brecha de género del 60% resultaría en una mejora del 0,68% (del 0,74% para las mujeres, y del 0,63% para los hombres). Otros estudios de actuarios, como el de Willis Towers Watson pronosticaba «una disminución de la pensión media de apenas el 0,04%» y un impacto financiero prácticamente nulo que sería insignificante para las finanzas de un sistema con déficit cercano a 100.000 millones.  

Entre los argumentos del diálogo social están las propias recomendaciones de Pacto de Toledo, que no recoge de forma expresa una ampliación de este periodo a observar para el cálculo de la pensión. Toda esta problemática asumiendo que la reforma, pese a contar con cierto margen, ya ha cumplido con el plazo y llegará tarde a Bruselas.  

En cuanto a las cotizaciones, la ampliación de las bases máximas amplía la brecha de la contributividad del sistema al separar aún más la distancia frente a las pensiones máximas, llegando a ser esta diferencia de casi el 64% a mitad de siglo, según un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social. 

A su vez, Fedea o el propio IVIE han concluido en recientes informes que el destope planteado lima la contributividad sin llegar a cerrar el agujero financiero que provocará el gasto estructural en pensiones -agravado por la revalorización automática- en las próximas décadas. Los propios cálculos del Gobierno lo asumen: mejorará un 0,27% neto anual como máximo ya en mitad de siglo.  

Mientras, el citado último informe de los investigadores de diversas universidades españolas es contundente: el destope «no va a mejorar significativamente la sostenibilidad del sistema financiera del sistema de pensiones, que parece que era uno de los objetivos de la reforma actual». 

La subida de la base máxima supondrá en 2050 un incremento de ingresos de 0,2 puntos de PIB, mientras que la subida de la pensión máxima representará un incremento del gasto en ese mismo año de 0,025 puntos de PIB, calculan en el IVIE. «El resultado  neto supondrá, como máximo, un saldo favorable de 0,174 puntos de PIB en 2050, cantidad  muy alejada del déficit que se estima, como consecuencia de la revalorización con el IPC, en torno a 2,5 puntos de PIB en ese mismo año», sentencia, echando por tierra que la reforma que plantea el Ministerio sea suficiente.

Desbloqueo de inmuebles vacíos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones modificará dos artículos de la Ley general de la Seguridad Social, a través de un Real Decreto, que facilitará el acceso de otras Administraciones Públicas a los inmuebles de la Seguridad Social para su uso propio, liberando así el patrimonio que mantiene inutilizado la propia Seguridad Social. El departamento que dirige Escrivá prevé llevar esta modificación al Consejo de Ministros de la próxima semana.  

Tal y como publicó elEconomista.es, un informe del Tribunal de Cuentas recoge que la Seguridad Social tiene un total de 874 inmuebles totalmente vacíos. Si se descuentan las 483 fincas rurales y los 99 solares, hay casi 300 edificios, locales y viviendas que están infrautilizados. En concreto, y según siempre los datos del informe, la Seguridad Social cuenta con 32 edificios, 200 locales, 45 viviendas o garajes y ocho naves que no están siendo utilizados. 

Según fuentes ministeriales, la Ley ponía ciertas trabas al acceso o traspaso de los inmuebles a otras Administraciones tal y como estaba planteada hasta la fecha. A su vez, modificarán un reglamento del año 1992 por el que se rigen los procesos del traspaso de uso o propiedad de estos inmuebles a otras Administraciones y diversos aspectos técnicos. Actualmente, la modificación se encuentra en el Consejo de Estado y prevén que en los próximos meses se puedan agilizar los procesos de solicitudes del uso de este patrimonio que bloqueaba hasta ahora la ley.