:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/bae/eea/fde/baeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/341/f29/f49/341f29f4968d26cf57b175d483f84996.jpg "La magistrada del TC vinculada con Moncloa se apartará del recurso del 25%")
La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez se apartará del conocimiento sobre la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español después de que la ponencia sobre esta cuestión le correspondiera en el reparto. Según informan fuentes jurídicas Díez ha decididido abstenerse. Ella misma avaló el pasado junio esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
Como ya avanzó El Confidencial en diciembre, el hecho de que el Gobierno eligiera al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Díez nuevos magistrados del Constitucional implicaba asumir un riesgo: la posibilidad de que tuvieran que quedar al margen ante determinados recursos por su trayectoria política. A la nueva magistrada también ha correspondido la reforma educativa conocida como ley Celaá. Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022. Primero bajo el mando de la exvicepresidenta Carmen Calvo y después del ministro Félix Bolaños.
El reparto de ponencias
Tras la salida de cuatro magistrados del Constitucional este enero, el reparto de sus ponencias se ha llevado a cabo atendiendo criterios de antigüedad y mayor edad de los nuevos miembros. El nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acordado dar prioridad a la resolución de la ley Celaá y ha fijado el debate para el primer pleno de marzo. Junto a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y la ley de la eutanasia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, considera que debe acelerar la resolución de estos asuntos porque «tienen más antigüedad» y «revisten una mayor repercusión social y política«.
Díez ha asumido así las ponencias que hasta ahora llevaba el magistrado conservador Antonio Narváez, mientras que las de los también conservadores Santiago Martínez-Vares y Pedro González-Trevijano han recaído en los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo. Entre ellas, destacan la pérdida del escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y los avales de la Generalitat a excargos del Govern ante el Tribunal de Cuentas.
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Beatriz Parera
Las ponencias del progresista Juan Antonio Xiol Ríos las ha asumido por su parte el conservador César Tolosa, quien pasa a hacerse cargo del recurso sobre la reforma del Gobierno que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le impide realizar determinados nombramientos mientras se encuentre en funciones.
En el pleno de este martes, también se ha acordado la nueva composición de las salas del Constitucional, de las que dependen tanto la resolución de determinados recursos como la decisión de elevar o no los mismos al pleno. El tribunal está compuesto por dos salas y ambas han quedado con mayoría progresista, presidiendo el propio Conde-Pumpido la primera de ellas y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, también progresista, la segunda.
La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez se apartará del conocimiento sobre la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español después de que la ponencia sobre esta cuestión le correspondiera en el reparto. Según informan fuentes jurídicas Díez ha decididido abstenerse. Ella misma avaló el pasado junio esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.