:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/bae/eea/fde/baeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/341/f29/f49/341f29f4968d26cf57b175d483f84996.jpg "La excargo de Moncloa pilotará en el TC los recursos sobre el 25% de castellano y la ley Celaá")
La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez será a partir de ahora la ponente de los recursos contra la ley Celaá y la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. Ella misma avaló el pasado junio esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero tras acceder al Constitucional a propuesta del Gobierno, pasa a hacerse cargo de los recursos contra ambas normas.
Como ya avanzó El Confidencial en diciembre, el hecho de que el Gobierno eligiera al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Díez nuevos magistrados del Constitucional implicaba asumir un riesgo: la posibilidad de que tuvieran que abstenerse ante determinados recursos por su trayectoria política. Estos dos asuntos servirán para ver hasta qué punto la magistrada considera que debe dar un paso atrás o, por el contrario, decide mantenerse al frente de las ponencias.
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Pablo Gabilondo
En lo que se refiere a la normativa catalana, destaca el hecho de que el Parlament la nombrara en 2022 vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano encargado de velar por la adecuación al Estatut y a la Constitución de las leyes de la Generalitat. En junio, este órgano avaló la polémica norma que sortea el 25% con el visto bueno de la propia Díez.
En el caso de la reforma educativa conocida como ley Celaá, la posible inhibición de la magistrada respondería a su paso por el Gobierno cuando se aprobó la misma, pues fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022. Primero bajo el mando de la exvicepresidenta Carmen Calvo y después del ministro Félix Bolaños.
El nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acordado además dar prioridad a la resolución de la ley Celaá y ha fijado el debate para el primer pleno de marzo. Junto a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y la ley de la eutanasia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, considera que debe acelerar la resolución de estos asuntos porque «tienen más antigüedad» y «revisten una mayor repercusión social y política«.
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Beatriz Parera
El tribunal ya acordó admitir a trámite los recursos de PP y Vox contra la ley Celaá en abril de 2021, por lo que Díez será ahora la encargada de presentar al resto de sus compañeros un informe en el que entre en el fondo de la normativa.
El reparto de ponencias
Tras la salida de cuatro magistrados del Constitucional este enero, el reparto de sus ponencias se ha llevado a cabo atendiendo criterios de antigüedad y mayor edad de los nuevos miembros.
Díez ha asumido así las ponencias que hasta ahora llevaba el magistrado conservador Antonio Narváez, mientras que las de los también conservadores Santiago Martínez-Vares y Pedro González-Trevijano han recaído en los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo. Entre ellas, destacan la pérdida del escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y los avales de la Generalitat a excargos del Govern ante el Tribunal de Cuentas.
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Beatriz Parera
Las ponencias del progresista Juan Antonio Xiol Ríos las ha asumido por su parte el conservador César Tolosa, quien pasa a hacerse cargo del recurso sobre la reforma del Gobierno que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le impide realizar determinados nombramientos mientras se encuentre en funciones.
En el pleno de este martes, también se ha acordado la nueva composición de las salas del Constitucional, de las que dependen tanto la resolución de determinados recursos como la decisión de elevar o no los mismos al pleno.
El tribunal está compuesto por dos salas y ambas han quedado con mayoría progresista, presidiendo el propio Conde-Pumpido la primera de ellas y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, también progresista, la segunda.
La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez será a partir de ahora la ponente de los recursos contra la ley Celaá y la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. Ella misma avaló el pasado junio esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero tras acceder al Constitucional a propuesta del Gobierno, pasa a hacerse cargo de los recursos contra ambas normas.