El Gobierno ha mostrado su respeto por la decisión del Supremo de mantener las penas del ‘procés’ a pesar del cambio del Código Penal y ha afirmado que esta resolución corrobora lo que ha sostenido el Ejecutivo siempre: con la derogación del delito de sedición no se produce una despenalización» de los hechos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que el auto del Tribunal Supremo, que mantiene las condenas de inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por haber malversado dinero público para el «procés», demuestra que con la nueva redacción del Código Penal «siguen existiendo penas» y «han de cumplir con la justicia en nuestro país».

Ha subrayado además que uno de los «objetivos importantes» para el Gobierno con la reforma era homogeneizar las penas y los tipos delictivos para facilitar los posibles procesos de extradición.