La reforma del delito de malversación está siendo estudiada por Bruselas para comprobar si está en línea con el derecho de la Unión Europea. “La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE”, ha explicado Didier Reynders, comisario de Justicia, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España.

Ha sido el enésimo ejemplo de la exportación del bronco debate nacional al Parlamento Europeo, donde un nutrido grupo de eurodiputados españoles se han enzarzado en un debate impulsado por el Partido Popular y su líder en la Eurocámara, Dolors Montserrat. Ha sido un debate bronco, de cuerpo a cuerpo entre los partidos españoles, una discusión totalmente nacional. Los distintos partidos se han lanzado a la cabeza todos los elementos del debate político patrio en las últimas semanas y meses: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los nombramientos del Tribunal Constitucional, la ley del solo sí es sí, el uso de Pegasus o, incluso, los planes de Vox en Castilla y León sobre el aborto. Y también la derogación del delito de sedición y la reforma de malversación.

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Beatriz Parera

Todo el debate ha seguido las líneas típicas de estos debates nacionales que los eurodiputados españoles tienden a llevar a la Eurocámara. La única sorpresa ha llegado durante el discurso de Reynders, que ha deslizado esa novedad: la Comisión Europea está estudiando la compatibilidad de la reforma de la malversación con el derecho de la Unión. El Ejecutivo comunitario lo hace de oficio con las nuevas normas nacionales, porque es el papel de la institución velar por la protección de los Tratados de la Unión Europea.

Pero, aunque se haga de oficio, en Bruselas prestan especial atención. “La comprobación es de oficio y no específica al caso español, aunque es cierto que si en vez de bajar las penas se hubieran subido no habría que hacer comprobación alguna”, explica una fuente comunitaria al ser consultada por las palabras de Reynders. En el Ejecutivo comunitario no están cómodos con la reforma, incluso aunque crean que vaya a estar en líneas con el derecho de la Unión. “Tocar tipos penales relacionados con la corrupción cuando vamos a sacar un paquete anticorrupción de aquí al verano, pues no es la mejor de las ideas”, ha señalado la misma fuente. El resto de la intervención de Reynders ha consistido en insistir, una y otra vez, en las conclusiones del informe del Estado de derecho sobre España, como hace cada vez que tiene que salir a hablar del asunto, subrayando que la prioridad sigue siendo renovar el CGPJ e, inmediatamente, al finalizar esa renovación, proceder a acordar una reforma en el método de elección de sus miembros.

Debate nacional

El debate nacional se ha trasladado al pleno de Estrasburgo de una forma similar al que ocurre en el Congreso de los Diputados: bronco, duro, lleno de dedos que señalan, de voces demasiado altas y algunas miradas de sorpresa por parte de otros eurodiputados. El Partido Popular, a través de sus miembros españoles y algunos otros, como, por ejemplo, el portugués Paulo Rangel, han atacado al Gobierno por la derogación del delito de sedición y la reforma de malversación, la negativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el nombramiento al Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia.

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, también ha recorrido esas acciones. “¿De quién creo que hablo? ¿De Orbán? No, de Pedro Sánchez”, ha señalado entre gritos de la bancada socialista. “El PP no ha sabido perder las elecciones”, ha replicado Juan Fernando López Aguilar, del PSOE, señalando que el único culpable del bloqueo de la renovación del CGPJ es el Partido Popular. Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú, ha acusado a los populares de estar haciendo un “boicot a la presidencia [española del Consejo] en un ejercicio de deslealtad”.

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B. Parera A. López de Miguel

El debate ha sido tan intenso, tan agresivo y tan visceral que la presidencia del pleno ha tenido que interrumpir a uno de los oradores. “Por favor, le pido que hable un poco más despacio, para los traductores”, ha señalado la presidencia. Sira Rego, de Izquierda Unida, también ha sacado en el pleno la cuestión del plan de Castilla y León sobre el aborto impulsado por Vox.

“Un debate político serio sobre la crisis institucional muy seria que se está viviendo en España tiene todo el sentido del mundo, pero debe celebrarse en el lugar adecuado: en el Parlamento de España, no aquí, en el Parlamento Europeo”, ha explicado el socialista portugués Pedro Silva Pereira.

“A nadie le importa el Estado de derecho en España”, ha indicado por su parte Clara Ponsatí, huida de la Justicia española y eurodiputada del Junts per Catalunya. Después, otros eurodiputados han sacado sus propios asuntos: Izaskun Bilbao, del PNV, ha hablado de las medidas cautelares del Tribunal Constitucional que suspendió el debate en el Senado sobre la reforma del TC; Diana Riba, de ERC, ha hablado de Pegasus.

Ni Francia, ni Alemania, ni Italia ni ninguno de los principales países europeos llevan sus debates al Parlamento Europeo de forma tan directa. Es inevitable que el debate nacional se filtre a los debates europeos. Pero el único caso parecido ocurrió durante la presidencia francesa del Consejo, cuando Emmanuel Macron, presidente francés, habló ante el Parlamento Europeo en plena campaña de las elecciones presidenciales y el debate mutó en un debate electoral francés que fue criticado por prácticamente todo el mundo.

La reforma del delito de malversación está siendo estudiada por Bruselas para comprobar si está en línea con el derecho de la Unión Europea. “La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE”, ha explicado Didier Reynders, comisario de Justicia, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España.