El Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional a la Junta de Castilla y León a fin de evitar que PP y Vox adopten en esta comunidad cualquier actuación que afecte o limite la ley del aborto. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, cuya sola admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma autonómica recurrida, hasta que se pronuncie el tribunal.

Sin embargo, el requerimiento del Gobierno parece tener un carácter casi preventivo, pues no existe de momento sobre el papel el protocolo que anunció Vox y con el que pretendía que las mujeres gestantes que quieran abortar escuchen antes el latido fetal y vean una ecografía en 4D. De hecho, Mañueco desautorizó este lunes a su vicepresidente al afirmar que no hay cambio alguno, ni nuevo protocolo ni ninguna medida “que pueda suponer una coacción” a la mujer embarazada. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha respondido este mismo martes a Mañueco amenazando con romper el Gobierno de coalición en Castilla y León si el PP no “cumple el acuerdo” de aprobar un nuevo protocolo de atención a las mujeres que quieren abortar. “El consejero de Sanidad [del PP] emitirá la orden [para que se aplique ese protocolo] en las próximas horas”, ha llegado a decir Garriga, poniendo toda la presión en el tejado de su socio.

El paso que ha dado esta mañana el Gobierno de Pedro Sánchez implica que la Junta le tiene que precisar por escrito qué medidas están viciadas de incompetencia. Pero el hecho es que, tras cinco días de contradicciones constantes entre los socios de gobierno de la Junta, se ignora las medidas que va a adoptar el Ejecutivo castellanoleonés. Esto es, si finalmente mantiene el protocolo vigente o introduce modificaciones. Ayer mismo, Mañueco insistió en que “nada cambia” en la oferta de servicios a las mujeres embarazadas —incluidas las que decidan abortar— y que no se obligará “a nada” ni a las embarazadas ni a los médicos de la comunidad.

El requerimiento de incompetencia, previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene por objetivo “velar por el reparto competencial entre administraciones previsto en la Constitución”. El Gobierno puede formalizar directamente ante el Constitucional un conflicto de competencia o hacer uso del previo requerimiento a la comunidad autónoma para que derogue o anule el acto o disposición que considera que vulnera las competencias estatales. El plazo para formalizar directamente el conflicto o hacer uso del requerimiento de incompetencia es el de dos meses desde la publicación o comunicación del acto o disposición viciado de incompetencia. El supuesto protocolo de Castilla y León, de momento, no existe ni ha sido publicado.

Si Castilla y León no contesta en un mes, La Moncloa dispondrá de otro mes (a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento) para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, “certificando el cumplimiento infructuoso del requerimiento de incompetencia y alegando los fundamentos jurídicos en los que sustenta su pretensión”, según explica el tribunal de garantías en su página web.

El Gobierno está aprovechando la confusión que se ha generado por las discrepancias entre el PP y Vox en la única comunidad autónoma en la que la derecha y la extrema derecha gobiernan juntas. “No vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España y por eso estamos trabajando en distintas líneas de actuación. Vamos a requerir al Gobierno de Castilla y León para, en el caso de que no den una cumplida y satisfactoria respuesta a este nuevo requerimiento, iniciar acciones en el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres”, ha afirmado este martes Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia ha insistido en que se trata de un requerimiento de incompetencia “porque [la coalición de PP y Vox en la Junta] está extralimitando sus competencias” y “para que cese en la vulneración de los derechos y libertades de las mujeres”. En realidad se trata de una supuesta vulneración de derechos, ya que el protocolo que el vicepresidente castellanoleonés, de Vox, anunció el jueves pasado sigue sin ser oficial: no se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León ni los profesionales sanitarios lo han recibido. Pero el impacto político es evidente, y por eso el PP ha intentado, de momento sin éxito, cerrar la crisis cuanto antes, consciente del desgaste que le supone a menos de cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales.